Una de las grandes ventajas de un sistema democrático es la legitimidad que otorga haber llegado al poder por la vía del voto.
Esa legitimidad está dada por el acuerdo básico entre ciudadanos de permitirle ejercer el poder a quien obtuvo más votos en una elección reconocida como democrática.
Es una especie de permiso para ejercer el poder, otorgado por la ciudadanía, que previamente acepta las reglas electorales y a las instituciones que las aplican, y por eso reconoce en el triunfador a alguien legítimo para ejercer el poder.
Esto no es una opinión mía, sino una explicación del sociólogo alemán Max Weber, que fue el primero en explicar claramente la diferencia entre quien ejerce el poder con el permiso de la ciudadanía, es decir con legitimidad, y el que lo ejerce porque lo arrebató a través de la fuerza o a través de la trampa.
En esta idea, quien tiene legitimidad, es decir, quien tiene el permiso y el reconocimiento de la ciudadanía, porque ésta acepta el resultado de una votación democrática, tiene un amplio espacio de acción para ejercer el poder, porque tiene un mandato expreso.
Por el contrario, quien arrebata el poder, o lo obtiene a través de trampas o métodos no democráticos, tiene menos legitimidad, y, por lo tanto, menos espacio para ejercerlo libremente, porque carece del permiso de la ciudadanía, es decir, carece de mandato social
Así, una de las grandes ventajas de la democracia es la llegada al poder con un amplio margen de acción porque existe un mandato social.
En México le hemos llamado la etapa de luna de miel a ese periodo. Son esos meses, o quizá los primeros uno o dos años de un sexenio, en los que el nuevo presidente y su gobierno tienen margen para actuar, sin mucha exigencia ni presión, porque apenas se están ejecutando sus promesas de campaña. Es fundamental aprovechar este periodo.
En su libre Eyewitness to Power, David Gergen, analista norteamericano que trabajó al lado de varios presidentes norteamericanos al interior de la Casa Blanca, afirma que tanto el periodo de transición entre un gobierno y otro, como los primero 100 días de un gobierno nuevo, marcarán para siempre a ese gobierno.
Es decir, aprovechar la legitimidad democrática de arranque es clave para el éxito o fracaso de un gobierno.
Una persona que obtiene el 60% de la votación debería llegar a la presidencia con una legitimidad enorme, con un bono democrático gigante . Pero no es así, por varios motivos.
El primero y más obvio de todos es que no se trató de una competencia democrática. Está demostrado por decenas de resoluciones del TEPJF que el presidente actual violó impunemente todas las leyes que pudo para imponer a su candidata.
Está demostrado que se desviaron miles de millones de pesos para sostener su candidatura, como lo afirmó públicamente el próximo secretario de economía, Marcelo Ebrard y varios miembros de su equipo. Así, en lugar de tener la legitimidad que surge del reconocimiento del triunfo por parte de toda la ciudadanía, sólo inicia con el reconocimiento de su electorado.
El segundo problema es que existen serias dudas sobre quién va a ejercer realmente el poder. Estas dudas se han acrecentado con nombramientos clave, como las 3 mujeres más cercanas a lópez que controlarán la secretaria de gobernación, la de función pública y la de bienestar del próximo gobierno.
Pero hoy, lo que está destruyendo la luna de miel que aún ni empieza, lo que está dinamitando la transición y el inicio de su gobierno, es la bomba que lópez le plantó desde el 5 de febrero de este año: la reforma constitucional que pretende destruir al poder judicial, por mera venganza.
Los bonos democráticos que se tienen por un triunfo contundente suelen utilizarse de arranque para hacer reformas difíciles y políticamente costosas, pero necesarias para tener un buen gobierno.
El problema para Claudia es que ningún miembro del nacional populismo obradorista ha logrado explicar, ni cerca, qué beneficios traería para el país la reforma judicial que le impuso su jefe.
Llevan meses balbuceando en medios de comunicación y en distintos foros que se trata de la supuesta democratización popular del poder judicial, pero no han logrado convencer a nadie de que eso tiene alguna posibilidad de mejorar la impartición de justicia.
Lo único que han logrado consolidar en el público es la idea de que se trata de una venganza y de un simple capricho impuesto.
Varios de los miembros más radicales de la secta han dicho claramente cosas como “el pueblo nos dio el permiso de correr a todos los jueces corruptos”.
En este contexto de radicalización de la política, finalmente los empresarios mexicanos, los inversionistas extranjeros, los medios internacionales y las agencias calificadoras se dieron cuenta de que la amenaza contra la República va en serio.
Ya no se escucha la frase de “se va a moderar”, o “cuando llegue al poder se lo va a sacudir”. En especial, porque lópez se ha encargado de hacer explícito su deseo de que la reforma quede aprobada durante septiembre, antes de que Claudia tome posesión.
¿Por qué le quiere dinamitar el gobierno a su niña consentida? ¿No estaba muy orgulloso de haber logrado dejar a la primera mujer en la presidencia?
Yo tengo una sospecha, le quiere dinamitar el gobierno antes de que asuma el cargo, para que sea una presidenta débil que siempre lo necesite.
Mi sospecha es que lópez no se puede dar el lujo de que Claudia se crea la dueña de ese 60% de votación y de un Congreso hipermayoritario que esté a su servicio.
Una simple lectura a esa reforma judicial es suficiente para darse cuenta de que lo único que puede traer es caos en la impartición de justicia.
Caos en la impartición de justicia implica ausencia de seguridad jurídica en la ejecución de las leyes, en la ejecución de los contratos, en las inversiones, en la propiedad industrial, en la propiedad intelectual, en la propiedad física.
Caos en la impartición de justicia implica también impunidad para delincuentes de todo tipo y para servidores públicos corruptos.
Y todo esto ya lo vieron quienes dependen de todas esas cosas para hacer dinero en México.
Y ahí es donde entra el tema de la sobrerepresentación.
Si lópez y sus fieles logran doblar a la mayoría de los consejeros del INE y a la mayoría de los magistrados del TEPJF, para que le regalen al nacional populismo obradorista los diputados que no obtuvo por vía del voto popular, el tirano de Macuspana no tendrá límite alguno durante septiembre para dinamitarle el gobierno a Claudia, antes de que tome posesión, con la reforma judicial. Y, con ese precedente, a partir del 1 de octubre, tendrá en el Congreso a sus fieles, listos para destruir cualquier intento de independencia de su niña consentida.
