Cuando yo estudié la carrera de derecho en el ITAM, entre 1995 y el 2000 aprendí de un nuevo México que se estaba construyendo desde la Constitución.
Con la reforma de 1994 se le daba autonomía real al Poder Judicial, no sólo a través de la reducción del tamaño de la SCJN y un nuevo método de nombramiento de sus ministros, sin con la creación del CJF y el concepto de carrera judicial.
El PJF tendría nuevas funciones y facultades que lo convertían en un verdadero garante de la regularidad constitucional y de la legalidad.
Fue una gran época para estudiar derecho porque todo estaba cambiando, México se estaba convirtiendo en una verdadera democracia de derecho y de derechos. Los abogados seríamos clave en la construcción de un nuevo sistema de leyes y de instituciones diseñadas para cuidar nuestros derechos.
Mientras estudiaba la carrera, y luego la maestría en ciencia política en Londres, se fueron creando diversos órganos autónomos que no sólo equilibraban el poder, sino que generaban certeza, seguridad jurídica y confianza en distintos sectores, porque no se regían por el capricho de la política, sino por las necesidades técnicas de mediano y largo plazo del país.
Nació por ejemplo la COFECE para regular los mercados y evitar los monopolios y las malas prácticas comerciales. Con ese órgano se fueron creando especialistas en competencia y en buenas prácticas económicas que no sólo ocuparon puestos clave en ese órgano, sino que desde afuera asesoraban a las empresas para mejorar sus prácticas comerciales, para cumplir con las nuevas leyes, y crear un nuevo tipo de empresas y empresarios en México.
Nació primero COFETEL que luego se transformó en el IFT, un órgano importantísimo que destruyó los monopolios en telecomunicaciones que había en México, lo que dio pie a la explosión de empresas de todo tipo que hoy nos ofrecen diferentes productos y servicios, que hacen infinitamente más barata, diverso y sencillo para los consumidores escoger y exigir un buen servicio. Con la explosión de este mercado no sólo llegaron a México billones de dólares de inversión, confiados en las nuevas reglas del juego que daban certeza, sino que se crearon especialidades en diversas universidades para atender las necesidades técnicas de un gigante mercado en crecimiento.
Nació el sistema nacional de transparencia con un órgano nacional garante de la transparencia y órganos locales obligados constitucionalmente a resguardar el derecho de todos los mexicanos a la información. Finalmente el gobierno dejaba de ser una opaca caja oscura, y se convertía en una caja de cristal que nos permitía a todos conocer la utilización de cada peso que aportábamos como impuestos. Expertos en transparencia y rendición de cuentas fueron surgiendo de diferentes universidades para hacer posible la rendición de cuentas que es una pieza clave de cualquier democracia.
Nació también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social, el CONEVAL, para poder medir objetivamente los impactos de las políticas sociales del gobierno y así hacer mucho más eficiente y transparente el uso de los recursos públicos, y para que éstos dejaran de ser simples herramientas de compra de votos. En esta nueva área de especialidad también surgieron de las universidades, de distintas carreras, expertos en políticas de desarrollo que buscaban encontrar, desde la técnica, la mejor manera de crear buenos proyectos y programas para sacar a millones de mexicanos de la pobreza, y mantenerlos lejos de la pobreza.
En estos mismos años se consolidó la autonomía constitucional del Banco de México, que no sólo tenía el encargo de cuidar el valor de nuestra moneda, sino de poner en orden a los bancos, después de la brutal crisis de 1994/95, provocada principalmente por la irresponsabilidad de muchos bancos y banqueros, y por la estrecha relación que había entre la política y el mundo financiero. Desde entonces, no sólo hemos dejado de tener las terribles crisis recurrentes del pasado, sino que se fueron generando todo tipo de especialidades y especialistas en el mundo financiero, que crearon orden, seguridad, certeza y confianza en el sector financiero mexicano.
Y el órgano constitucional autónomo más importante para lograr la transición a la democracia fue el IFE, que después se transformó en INE. Desde la Constitución se le dotaba de la imprescindible tarea de organizar las elecciones, pero también de regular y poner en orden a los distintos actores del juego electoral. Del nacimiento de este órgano también se fueron generando diversos especialistas y especialidades que fueron generando certeza en cuáles eran las reglas del juego y cómo podíamos esperar que esas reglas fueran aplicadas e interpretadas.
Me puedo seguir un rato más hablando de otros órganos de alta especialización que se fueron creando en materias como la energía, la educación, la salud, el combate a la corrupción, la protección del medio ambiente o la protección de los derechos humanos. Todos estos nuevos sectores de alta especialización requerían de expertos que se tenían que preparar en universidades de todo el país, para abonar a la construcción de un nuevo México de técnicos y especialistas en las materias más relevantes.
La independencia y autonomía del Poder Judicial y la creación de órganos autónomos de alta especialidad no era una ocurrencia ni un capricho, tampoco era una imposición de ese fantasma que ama nombrar la secta para desprestigiar cualquier cosa “el neoliberalismoooooo”
Se trataba de la construcción de un nuevo México. Queríamos dejar atrás esa época en la que la política monetaria, o la política energética, o la política en telecomunicaciones o la elección de nuestros representantes estuvieran en manos de grupo en el poder, y sometidas a los caprichos y a los va y venes de la política.
Le queríamos dar certeza al mundo de que México finalmente se ponía serio y se quería sentar a la mesa de los adultos de las decisiones mundiales, porque se estaba convirtiendo en una auténtica República Democrática.
Eso estudiamos quienes decidimos hacernos abogados, economistas, politólogos y los diversos especialistas en la política pública.
El nacional populismo llegó en 2018 a matar todo eso.
No debería ser ninguna sorpresa para nadie, su líder lo avisó de todas las maneras que pudo
“Al diablo con sus instituciones” gritó un día en el Zócalo, cuando inventó un fraude que nunca existió.
La cara de rabia con la que gritó eso, y las implicaciones de lo que dijo, debió ser suficiente advertencia para saber que de verdad quería mandar al diablo todas esas instituciones que habíamos creado entre todos, para construir un nuevo México.
Del lado de quienes ayudamos a construir y a consolidar varias de esas instituciones no hay creencias ciegas ni fe absoluta en ellas. Sabemos perfectamente que se tratan de creaciones humanas falibles, y por lo tanto corregibles. Todas han estado sometidas permanentemente a un rudo proceso de revisión y mejora, que nos ponía en un buen camino.
El problema es que del lado de la secta si existe una fe religiosa en la perversidad neoliberal de esas instituciones, y una manda por destruirlas.
Le vendieron a millones la idea de una transformación, pero a la vista de todo mundo era evidente que se trataba simplemente de hambre de destrucción.
“¿Pa qué le sirven al pueblo esas instituciones?” decía el mesías, y la porra respondía “para nada”.
Y así, al grito de mueran las instituciones liberales llegó al poder en 2018. Nunca lo escondió, su odio hacia la democracia y sus instituciones se le salía como espuma por la boca una y otra vez, el problema es que millones decidieron no creerle, y fantasearon con la idea de que “se va a moderar como presidente”.
Su sexenio superó las expectativas incluso de quienes siempre dijimos que era un peligro para México.
Nunca se dedicó a gobernar. Cuando falló su estrategia de mantener la mayoría calificada en 2021, dedicó toda su energía, todo el dinero público y todo su poder a crear el aparato más grande de la historia de compra y coacción del voto.
Con ese perverso aparato logró la mayoría calificada que soñaba, a pesar de ser el peor sexenio en materia económica en décadas, es dato duro, el peor sexenio en corrupción impune, el sexenio más violento de la historia y el sexenio de la destrucción de los sistemas de salud y educación pública.
En el mes que le queda como presidente, antes de que cambie al modelo home office, desde dónde seguirá mandando, quiere acabar su obra de destrucción: muera el poder judicial y los órganos autónomos.
¿A cambio de qué? De nada, del caos.
Lo que propone el nacional populismo obradorista es destrucción del poder judicial para poder controlarlo, y la absorción de los órganos autónomos especializados, para dejar a un lado la técnica y volver a poner al centro la política.
Y así, las decisiones en telecomunicaciones, energía, educación, salud, transparencia, política social, presupuesto y un largo etcétera dejarán de tener como base la técnica y la especialización, para volver al mundo del capricho y la grilla barata.
Estas malas decisiones no podrán ser revisadas ni frenadas por el poder judicial, porque pretenden ponerlo al servicio de la misma grilla y el capricho de un grupo.
Y así, regreso a la pregunta inicial de este episodio ¿Qué le vamos a enseñar ahora a los estudiantes de derecho, economía, ciencia política y otras especialidades?
Sé que es horrible esto que te digo. No tienes idea cómo me costó escribirlo y grabarlo, pero yo acordé contigo que siempre te diría la verdad.
¿Qué tienen que aprender hoy los futuros abogados si todo el concepto de Poder Judicial está en riesgo?
¿Qué van a aprender hoy todos aquellos que se querían dedicar a la energía, a las telecomunicaciones, a la educación, a la salud, a la competencia económica, a las finanzas?
¿Dejó de ser relevante en México ser especialista en estas materias? ¿Sólo puedes ejercerlas si perteneces al nacional populismo obradorista?
Yo creo que no. Hoy más que nunca necesitamos a los mejores especialistas en todas estas materias, pero los necesitamos también en el mundo del activismo. Frente a este grupo político que todo los quiere meter en la misma canasta de mierda y mediocridad, necesitamos abogados, economistas, doctores, maestros, contadores, ingenieros y todo tipo de especialistas que salgan a defender el conocimiento, la especialización y la técnica de todo lo que han aprendido en sus carreras y en sus lugares de trabajo, para tratar de mantener a México a flote, hasta que podamos regresar a reconstruir todas esas instituciones.
Hoy México necesita activistas en cada profesionista que no pretende renunciar ni a su vocación ni a su especialización. Viva la resistencia.
